El gobierno español intenta aliviar las tensiones con los separatistas catalanes

El conservador Partido Popular (PP) de España ha sido acusado por sus rivales de hacer poco durante los últimos cinco años para ganar la simpatía de los partidarios de la independencia en la región nororiental de Cataluña u ofrecer alguna solución de compromiso al gobierno regional. Pero el partido gobernante ha comenzado ahora una ofensiva en la región. En noviembre, el primer ministro Mariano Rajoy entregó a su aliada cercana, Soraya Sáenz de Santamaría, vice primera ministra, la tarea adicional de manejar las relaciones con las regiones autónomas.

Priorizando la inversión

Desde que Sáenz de Santamaría asumió su cargo, ha hecho numerosas visitas oficiales a Cataluña –cuatro solo en diciembre– para enviar el mensaje de que el gabinete está interesado en un diálogo abierto con el Ejecutivo catalán. La vice primera ministra también afirmó que el gobierno central está enfocado en garantizar el bienestar de los catalanes mediante la creación de empleos e inversiones en investigación, innovación e infraestructura, aspectos que cree que fueron abandonados en la carrera del gobierno regional por la independencia. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, ministro de Obras Públicas, visitó Cataluña para discutir inversiones en infraestructura.

El 10 de enero, Sáenz de Santamaría se reunió con Oriol Junqueras, vicepresidente de Cataluña, ministro de Economía y líder del partido pro-independencia Izquierda Republicana de Cataluña (ERC). Junqueras reiteró la posición del gobierno regional de convocar un referendo obligatorio por la independencia este año, aunque las autoridades centrales se oponen. Por su parte, Sáenz de Santamaría mantuvo la negativa gubernamental. Aunque no hubo cambio en la posición oficial, la estrategia de la administración central se ha vuelto más conciliadora, ya que el Ejecutivo nacional quiere combatir la percepción de intransigencia creada en los últimos dos años.

Expectativas de la UE

Sin embargo, el gobierno continúa argumentando que ninguna región tiene el derecho de separarse, señalando que la constitución de 1978, que fue sujeta a un referendo nacional, dio igual soberanía a todos los españoles.

Recientemente, el gobierno empezó a citar la decisión de la Corte Constitucional de Alemania en contra de la petición de los separatistas de Bavaria quienes querían convocar un referendo para separarse del resto de Alemania. La corte falló que no hay posibilidad de que los estados individuales traten de separarse y que el referendo violaría el orden constitucional. Eso, junto con la consternación por causas separatistas en varios países de la Unión Europea después del Brexit, puede aumentar el apoyo al gobierno. Tal como el PP, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos son fuertemente unionistas, y lo más probable es que buscarán socavar la estrategia del gobierno catalán de cabildear la opinión internacional para que apoye al referendo vinculante.

Gobierno local en dudas

Actualmente, no está claro si el gobierno catalán seguirá con su promesa de un referendo vinculante, que fue previamente agendado para septiembre de 2017. Por un lado, los políticos pro-independencia quieren evitar decepcionar a los votantes convocando una jornada parecida a la de noviembre de 2014, que no solo atrajo pocas personas a las urnas sino que también fue rechazada por el gobierno nacional por ser ilegal.

Mercè Conesa, miembro de recientemente rebautizado Partido Democrático Catalán (PDC), que también es el partido de presidente de la región, Carles Puigdemont, dijo este mes que puede ser imposible convocar el referendo, refiriéndose a que Puigdemont puede verse forzado en vez de eso a llamar a nuevas elecciones.

Aunque su posición fue rápidamente rectificada por Puigdemont, no está claro si el gobierno catalán realmente tiene apetito para convocar el referendo y luego separarse de España unilateralmente, sabiendo que puede ser ignorado por importantes socios europeos como Alemania.

Sin embargo, también es difícil imaginar cómo los gobiernos regional y central pueden retroceder en la división, tomando en cuenta el volumen de capital político que el PDC y ERC han puesto en juego con su promesa de lograr la independencia. Si la coalición pro-independencia, que incluye tanto al PDC como al ERC, convocara a elecciones anticipadas como una alternativa a un plebiscito –tal como fue en las elecciones regionales de septiembre de 2015- puede quedar corta de mayoría.

Según la encuesta de GAD3 publicada el 4 de enero, ERC y PDC lograrán dos puestos más, llevando el número de sus diputados a 64 (con 37 y 27 miembros respectivamente), pero no lograrán una mayoría absoluta en el parlamento de 135 miembros. El partido radical pro-independencia, Candidatura de la Unidad Popular (CUP) puede perder la mitad de sus puestos, reteniendo solo cinco. Como el tercer partido más numeroso, quedaría Ciudadanos con 24 asientos.

¿Acuerdos fiscales?

La estrategia del gobierno central probablemente se enfocará en dejar que Cataluña conserve un mayor porcentaje de impuestos que sus pares. Es un asunto siempre contencioso para la rica región, que se queja de que una proporción injusta de sus ingresos se redistribuye a las regiones más pobres. Aunque muchos catalanes quieren acuerdos fiscales similares al de la región vasca, el gobierno tiene que tratar el tema con cuidado, ya que los regiones más pobres se han vuelto crecientemente impacientes por las generosas concesiones financieras para las ricas regiones intranquilas.

Mientras el gobierno catalán sigue armando un aparato en la sombra para un estado separado, Puigdemont ha dicho que no tomará parte en discusiones para reformar el sistema financiero de las regiones españolas.